You are here
Home > Artículos

Verdad, justicia y reparación para víctimas de las auc por violencia sexual


Angélica Aguilera
Cientista Política, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
lineasdetextos“Este fallo refleja un avance del Estado colombiano en la adopción de medidas para garantizar el acceso a la justicia de mujeres víctima de violencia sexual en medio del conflicto armado”

e2l pasado 31 de octubre [2014], la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió la primera sentencia  por crímenes de violencia sexual perpetrada por ex combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia. En esta  macro sentencia, se condena a Savatore Mancuso y  11 ex comandantes de los Bloques Catatumbo, Norte, Córdoba y Montes de María de las AUC  por  la comisión de delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Este fallo, que hace parte del plan de priorización de la Fiscalía General de la Nación para judicializar a los máximos responsables de las AUC, condena a 8 años de prisión a los autores intelectuales de aproximadamente 1426 hechos delictivos -algunos de los cuales constituyen violaciones graves, sistemáticas y generalizadas  a los derechos humanos-  como casos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, homicidio y violencia basada en género. Así mismo, obliga a los responsables a pagar indemnizaciones y reparar a  las 9.500 víctimas de estos hechos violentos.

Entre  los patrones de macrocriminalidad develados en la sentencia,  se documenta la violencia basada en género, cuya máxima expresión en medio del conflicto armado ha sido la violencia sexual: aproximadamente 175 víctimas de acceso carnal violento, actos sexuales abusivos, prostitución forzada, esclavitud forzada, esterilización forzada y abortos forzados.

Entre los crímenes que documenta la sentencia se encuentra el  caso de las 9 mujeres de  la vereda Piedras Pintadas en Zapayán, Magdalena, que en el  2002 fueron sometidas a una esterilización grupal que tenía como finalidad “impedir la reproducción” de una población estigmatizada por favorecer a la guerrilla. Así mismo, se documentan los casos de  mujeres abusadas por ex – paramilitares, que como  producto de las violaciones quedaron en situación de embarazo y fueron obligadas a abortar o resultaron contagiadas de enfermedades venéreas y con lesiones graves en sus cuerpos; como fue el caso de  las mujeres abusadas en el 2000 en  El Zulia, Norte de Santander.

| Garantías de acceso a la justicia y protección de derechos: verdad justicia y reparación

Este fallo refleja un avance del Estado colombiano en la adopción de medidas para garantizar el acceso a la justicia de mujeres víctima de violencia sexual en medio del conflicto armado, las cuales se reforzaron con la ley 1719 de 2014,  y permitieron que las mujeres favorecidas en la sentencia pudieran hacer exigibles sus derechos sexuales y reproductivos, a la integridad personal y a una vida libre de violencia.

Adicionalmente,  la sentencia refleja  un compromiso  del Estado en materia de protección de derechos hacia este tipo víctimas, ya que además de cumplir con su deber de investigar y sancionar a los responsables -derechos de verdad y justicia- dicta medidas para reparar a las víctimas; contemplando mecanismos de rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. En suma, se trata de una reparación integral que no solo busca resarcir los daños provocados por la victimización sino transformar  sus efectos sociales, políticos y simbólicos.

|  Derecho a la verdad

Las investigaciones adelantadas permitieron que saliera a la luz un fenómeno en muchas ocasiones invisibilizado, dado que las  víctimas temen denunciar estos hechos por temor o vergüenza. Con el esclarecimiento de la verdad -relacionada con la obligación del Estado de  investigar diligentemente las violaciones a los derechos humanos que han recaído sobre la población civil- se pudo establecer las razones por las que sucedieron tales afectaciones y las medidas para la construcción y preservación de la memoria histórica y determinar las responsabilidades institucionales, políticas y de los perpetradores de los hechos.

|  Derecho a la justicia

La búsqueda de la verdad se relaciona directamente con el combate a la impunidad originada en las violaciones de derechos humanos. A esto se refiere el deber de justicia, pues no basta con saber qué sucedió, sino que esta verdad conduzca a la sanción  de los responsables de las violaciones. En este sentido, las víctimas de violencia sexual favorecidas con la sentencia, lograron que se ordenara la judicialización de los autores mediatos de los hechos victimizantes de los que fueron objeto. Si bien es cierto que esta medida no se hizo extensiva a quienes materialmente ejecutaron los delitos, se puede decir que hubo un golpe frente a la impunidad -reinante en este tipo de victimizaciones- y lo más importante, ahora las víctimas podrán acceder a  la reparación que merecen por derecho.

|  Derecho a la reparación

El fallo de la sentencia, contempla medidas conducentes a una reparación integral tanto para las  víctimas directas como indirectas que se vieron afectadas por la violación a  sus derechos.

Rehabilitación: establece medidas de rehabilitación física y psicológica – procedimientos, terapias y medicamentos- que requieran las víctimas, con prelación para la población menor de edad y de la tercera edad.

Compensación: estipula la  indemnización de perjuicios materiales -por daño emergente y lucro cesante- y por daños inmateriales ocasionados en razón del sufrimiento que genera la victimización.

Satisfacción: determina que los responsables mediatos deben “reconocer públicamente su responsabilidad, arrepentimiento y compromiso de no volver a incurrir en la comisión de conductas punibles, tales manifestaciones deberán ser publicadas en un periódico de circulación nacional”. Aunado a ello, deben  participar en los diferentes actos simbólicos de resarcimiento y resignificación de las víctimas a los que haya lugar, de conformidad con los programas que sean ofrecidos por las entidades que participan dentro del Proceso de Justicia y Paz.

Reparación por daños al sujeto colectivo: insta a las autoridades locales al  desarrollo de programas de  Atención psicosocial comunitaria para la dignificación de las víctimas de la violencia en cada uno de los municipios afectados y a  realizar una investigación de memoria histórica que concluya con un libro, el cual evidencie el abandono estatal histórico de las regiones afectadas y la dinámica de incidencia de los grupos armados y sus acciones delictivas contra la población civil que habita esta región.

Garantías de no repetición: Por los graves daños físicos y  psicológicos que sufrieron al menos 205 mujeres reconocidas en la sentencia, el Tribunal de Justicia y Paz  exhortó a las gobernaciones de Sucre, Magdalena y Córdoba, al igual que a la Policía y al Ejército, a que “adelanten actos públicos de perdón y reconocimiento de todos aquellos daños individuales y colectivos causados a los hombres y a las mujeres con ocasión del accionar paramilitar en sus territorios, buscando la garantía de no repetición y no olvido de lo sucedido”. Adicionalmente, le pidió a la Policía y al Ejército realizar “un acto público de compromiso de cero tolerancia frente a crímenes de violencia de género por parte de civiles, actores armados ,delincuencia común y agentes de la Fuerza Pública” incorporando a su vez, en los programas de ascenso de sus oficiales y suboficiales, cursos sobre derechos humanos con  énfasis en la perspectiva de no discriminación.

Balance

Este fallo, sin duda representa un logro en materia de verdad justicia y reparación para las víctimas de paramilitares por violencia sexual y de género. Sin embargo, se esperaría que en el dictado de futuras sentencias se ponga un mayor énfasis en medidas de reparación transformativas y no solo afirmativas o positivas.

Dado que  este tipo de victimizaciones se originan por una condición de discriminación estructural, arraigada en estereotipos de género bajo los cuales un actor armado se vale del cuerpo de la mujer para ejercer control social y  humillar al adversario manifestando dominación sobre “sus mujeres”, se requiere de medidas  con vocación transformadora, de tal manera que tengan un efecto tanto restitutivo como correctivo, atendiendo no sólo las consecuencias de las violaciones sino sus causas mediatas e inmediatas.

Frente a la controversia justicia- impunidad,   puede decirse, que si bien es cierto que la pena impuesta a los responsables de estas victimizaciones es baja,  y no se hace extensiva a los autores materiales de las victimizaciones, ha de entenderse que “lo perfecto es enemigo de lo real” y  en  un marco de Justicia transicional ese es el precio que se paga a cambio de la verdad, siendo ésta última, a fin de cuentas, la que permite que las víctimas puedan acceder a una reparación integral.

Finalmente, para que se cumpla satisfactoriamente con  las disposiciones del Tribunal  a favor de las víctimas, a las diferentes entidades encargadas les espera un arduo trabajo de coordinación y armonización en la implementación de las medidas para  poder avanzar con paso firme  en la reparación integral de las víctimas. logopeke70 El Sismógrafo 

Angélica Aguilera

Politóloga colombiana. Candidata a Máster Derechos Humanos y Democracia. Cientista Política, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Top